“Hay otro tipo de guerra-nueva en su intensidad, antigua en su origen-guerra por guerrillas, subversivos, insurgentes, asesinos; guerra por emboscada en lugar de por combate, por infiltración en lugar de agresión, buscando la victoria erosionando y agotando al enemigo en lugar de enfrentarse a él. Se alimenta de malestar”, con esta cita de 1962 que pertenece a John F. Kennedy inicia el Capitulo I del Manual de Capacitación de Fuerzas Especiales del Ejército de EEUU en Guerra No Convencional producido por Headquarters – Department of the Army Washington, DC, el 30 de Noviembre de 2010.
En Abril de ese año WikiLeaks publica el video del ataque aéreo en Bagdad que registra los disparos desde un helicóptero Apache a un grupo de 11 civiles entre ellos el periodista Nadir Noor – Eldeen y su ayudante ambos pertenecientes a la Agencia de noticias Reuters. El material le fue negado a la agencia en reiteradas oportunidades. WikiLeaks lo publicó poniendo al descubierto el funcionamiento del aparato militar de Estados Unidos. Luego llegaron las publicaciones de 92 mil documentos sobre la Guerra de Afganistan, iniciada por los Estados Unidos en 2001 luego del atentado del 11S y los más de 391 mil documentos de la Guerra de Irak filtrados desde el Pentágono que los periódicos The Guardian, The New York Times y Der Spiegel dieron a conocer de manera conjunta el 25 de Julio y el 22 de Octubre de 2010 respectivamente, ocasión en la que se sumaron los sitios de Le Monde, Al Jazeera, El País y el Boreau of Investigative Journalism.
En los pocos meses que transcurrieron desde Abril a Diciembre de 2010 hasta hoy, la imagen de Assange fue adquiriendo ribetes similares a la de Sadam Hussein o a la de Osama Bin Laden, hombres que sirvieron a los fines de la construcción del enemigo necesario y a cuya instancia acumularon una enorme masa de poder que les fue arrebatado junto con la vida. No es el caso de Assange que, aunque en condiciones penosas, aún respira en una prisión de máxima seguridad del Reino Unido. Pero la analogía pone de relieve que los tiempos cambiaron y con ellos los perfiles de los enemigos. Aquellos “guerrilleros, subversivos, insurgentes, asesinos” que portaban ametralladoras y usaban tácticas “antiguas en su origen” fueron perseguidos hasta su muerte, en una saga por entregas simultáneas, difícil de eludir por el tenor de sus protagonistas. Bush, pero sobre todo Obama, se encargaron de poner fin aquella era para poder dar inicio a la nueva que había emergido con las filtraciones de WikiLeaks, que reconfiguró los escenarios donde se dirimen las guerras en la actualidad y con ellas sus blancos y objetivos. Aún así la palabra “guerra” se utiliza en términos de “Guerra de Cuarta Generación” (invasión, mixtura entre terrorismo y guerra de guerrillas) incluso continua el rebote en el imaginario social y cultural de la concepción de la guerra entre Estados de la I y II Guerra Mundial, “Guerras de Tercera Generación.
Hoy las Guerras son de Quinta Generación y se impulsan a través de las plataformas digitales, producción de noticias y contenidos. Usan la inteligencia artificial, el análisis de la big data y los algoritmos de la “caja negra” para poner a prueba la verdad y la confianza. La filtración que derivó en el escándalo de Cambridge Analytics demostró el lugar que ocupan TIC’s en el tablero de la geopolítica internacional, a esto se suma el monopolio de la gigantesca infraestructura de la NAP que aloja los grandes centros de datos y los cables de fibra subacuáticos de Google, Facebook, Amazon o los servicios de la nube como Google Drive, Amazon, Apple Store, OneDrive, corporaciones que emergieron o se beneficiaron de la transferencia de tecnología de los Centros de I+D del Estado Norteamericano. En “Fifth Generation Warfare” el Coronel Dr. Vasile Maier y el Teniente Coronel Dr. Eugen Mavri del Ministerio de Defensa Nacional de Rumania, afirman que esta guerra puede incluir un ataque cinético o no cinético a las estructuras político, sociales y militares del enemigo con el fin de lograr los objetivos estratégicos establecidos en los planes de dominación de zonas económicas estratégicas. En tanto las de Sexta Generación o Guerra sin limites sincronizan todos los factores antes mencionados.
El ataque es múltiple y simultáneo, se desestabilizan economías, se financian grupos opositores, se entrena y financia a grupos de choque violentos o paramilitares, se infiltran agentes en las instituciones del estado, se compran periodistas y medios de comunicación, directivos de empresas, se propagan fakes news, se crean campañas en redes sociales que se alimentan con falsas cuentas, se inician actividades de calentamiento en las calles causando así un efecto devastador en la manipulación de las matrices de opinión contra los gobiernos. El citado Manual de guerra no convencional, disponible en la web, describe con precisión fases y acciones que han sido perpetradas con éxito en Afganistán, Libia, Siria, Venezuela, y más recientemente en Argentina, Bolivia y Cuba.
El pasado 12 de Julio se inició una feroz campaña tendiente a desestabilizar al gobierno cubano. En momentos en que el 90% de las tropas norteamericanas completara su retirada de Afganistan después de casi 20 años, la administración Biden llamó la atención mundial con una demostración de cómo puede hacer colapsar gobiernos mediante la manipulación organizada a través de la social media y de los medios corporativos. Al enjambre de noticias y opiniones en portales y medios tradicionales se sumaron los análisis sobre el comportamiento de cuentas en las redes, y luego las denuncias del presidente Miguel Díaz – Canel de un ataque orquestado por parte de los Estados Unidos con fines de desestabilizar el gobierno de la isla aprovechando la precaria situación producto del bloqueo y agravado por la pandemia del COVID – 19. Los estragos sociales y económicos que padece Cuba debido a los más de 60 años de bloqueo, recrudecido durante la presidencia de Trump, las reformas impulsadas desde gobierno que prohibió la circulación del dólar como moneda de uso cotidiano, equiparando los ingresos de los profesionales universitarios al de los cubanos que vivían de actividades ligadas al ingreso de divisas, la suba de pensiones y jubilaciones, y la consecuente inflación producto de todos estos movimientos en la política económica, las faltantes de productos de aseo o farmacéuticos, las consecuencias de la pandemia que se agravaron con la apertura del turismo con menos de un 50% de la población vacunada por no contar con agujas y jeringas para inocularlas, son elementos de malestar objetivo entre los cubanos. El diseño de una campaña redes sociales, luego replicada en los medios corporativos, sumado al uso de fake news fueron los ingredientes que faltaban para el cocktail. Sin embargo nada de todo lo que se dijo y se repitió hasta el hartazgo, explica hasta el momento el por qué, los motivos de esta gran puesta en escena orquestada de manera flagrante por los Estados Unidos.
La situación cubana estalla los dos días posteriores a la denuncia que el presidente de Bolivia, Luis Arce, realizara contra Mauricio Macri por su colaboración en el Golpe de Estado que derrocó a Evo Morales en 2019. El primer mandatario boliviano incluyó en el complot destituyente al ex presidentes de Ecuador, Lenin Moreno y a su par brasileño Jair Bolsonaro.
Los documentos del envío de armamento desde Argentina y el hallazgo de los pertrechos en depósitos del Ejercito Boliviano son prueba insoslayable del apoyo a la feroz represión desatada contra el pueblo boliviano que se manifestaba en contra de la destitución de Morales y que tuvo como saldo dos masacres y miles de detenidos. La situación del ex presidente argentino y parte de los miembros de su gabinete se agrava judicialmente porque además las armas fueron enviadas de manera ilegal, ya que el envío se realizó de espaldas al congreso. Pocos medios en el mundo se hicieron eco del gravísimo hecho denunciado por Arce, que forma parte de un engranaje que en los últimos 10 años intentó reeditar el esquema de funcionamiento colaboración entre gobiernos de derecha de las dictaduras de los años 70 para torcer el rumbo económico de los países del Cono Sur y al que Evo Morales dio el nombre de Plan Cóndor 2.0.
El 10 de Noviembre de 2019 se produce el golpe de Estado en Bolivia. Evo Morales tras ganar las elecciones, fue acusado de fraude por el Secretario General de la OEA Luis Almagro, reelecto en 2020 a pesar de haber reconocido su participación en el golpe en el libro “Luis Almagro no pide perdón”, donde afirma haber convencido a Morales de presentarse a un cuarto mandato y de ofrecerle el envío de una misión de observadores de la OEA ante las posibles denuncias de fraude instigadas por parte de sectores dentro y fuera del país. Haciendo frente al desgaste propio de una gestión de tres mandatos consecutivos y a la ferviente oposición de la oligarquía boliviana, el MAS volvió a ganar en Bolivia y esa victoria le fue arrebatada entre otros por la propia OEA, como lo prueba la pericia realizada por la Universidad de Salamanca a pedido de la Fiscalía General boliviana y publicada el pasado 27 de Julio. Al día siguiente la Cámara de Representantes de de Estados Unidos sancionó la Ley de Asignaciones de Fondos para Operaciones en el Extranjero, que incluye un llamado al Gobierno del presidente Joe Biden, impulsado por las congresistas Jan Schakowsky y Susan Wild, para investigar si las denuncias sin fundamento de la OEA sobre las irregularidades electorales contribuyeron al golpe de Estado contra Evo Morales en 2019, para de este modo “garantizar que no ocurran otra vez ataques similares contra la democracia”.
El concepto de “Integridad Electoral” sobre el que se sustentó el análisis de la OEA para determinar el fraude, es una instancia de intervención bajada desde el Centro Carter, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas (UNDESA). Dichas organizaciones han estructurado esta estrategia de control sobre los procesos electorales, donde las mismas funcionan como garantía de transparencia. La “integridad electoral” desarrollada a través del Proyecto ACE, antiguo acrónimo de Administración y Costo de Elecciones de la Red de Conocimientos Electorales, utiliza las redes de organismos no gubernamentales de observación electoral financiados por los Estados Unidos, en América, África, Asia y Europa. Sin embargo detrás de todo este andamiaje de lucha contra la corrupción política se puede entrever el objetivo de imponer reglas de juego tendientes a la reformas de los sistemas jurídicos, de las leyes electorales e incluso de la constitución, como se desprende de la lectura de su sitio WEB.
“We will coup whoever we want. Deal with it” escribió Elon Musk en Twitter el 25 de Julio 2020, dos días previos a que el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia postergara por tercera vez la fecha para la realización de los comicios generales, que finalmente se realizaron el 18 de Octubre. La respuesta de Evo Morales no se hizo esperar “@elonmusk, dueño de la fábrica más grande de autos eléctricos, dice sobre el golpe de Estado en Bolivia: Nosotros golpearemos a quien queramos. Otra prueba más de que el golpe fue por el litio boliviano; y dos masacres como saldo. Defenderemos siempre nuestros recursos”. En los casi 14 años que Evo Morales estuvo al frente de la administración del Estado Boliviano, el PBI creció un 327% en valores nominales y llegó a USD 44.885 millones en 2018. Algo inédito en la historia de país andino. Conformó un tejido económico combinado a través de la implementación de políticas estratégicas como la estatización del sector energético, la construcción de alianzas publico – privadas en la agroindustria, el comercio en gran escala y las finanzas, y consintió la permanencia en manos privadas de las telecomunicaciones y el sector de la construcción. De este modo los sectores que generaban excedentes lo transferían, a través de políticas públicas, a los sectores dependientes de inversión directa, rompiendo de este modo con el esquema de fuga de capitales, espada de Damocles de las “economías en desarrollo”.
El año previo al golpe con la mira puesta en la industrialización de las materias primas el 12 de Diciembre de 2018 la empresa nacional Yacimientos de Litio Boliviano (YLB) firmó un convenio con la empresa alemana ACI Systems GmbH para la construcción anual de 400.000 baterías de litio para automóviles en Bolivia. ACI, una empresa familiar proveedora de maquinaria y tecnología limpia, sin experiencia en la producción de litio, contó con un fuerte respaldo del gobierno de su país en las negociaciones. Desde la compañía aseguraron, por aquel entonces, que ya contaban con acuerdos preliminares para el suministro de baterías a fabricantes de autos en Alemania, aunque ninguna de las principales fabricas de automóviles alemanes, BMW, VW o Daimler confirmó acuerdo alguno con ACI. El proyecto boliviano incluía la construcción de una planta de hidróxido de litio y una fábrica para producir baterías para automóviles eléctricos en el Salar de Uyuni uno de los depósitos de este mineral más grandes del mundo aún sin explotar. La proyección de ACI era de una producción anual de 40 mil toneladas para fines del 2022. El 80% sería exportado a Alemania. De este modo la Unión Europea ingresaba al negocio del litio, dominado principalmente por China, cuyas empresas controlan el 60% de la producción mundial del mineral. Como era de esperarse la potencia asiática no se quedó atrás, el 19 de Febrero de 2019 firmó un acuerdo de similares características a través del consorcio Xinjiang TBEA Group-Baocheng, para de este modo asegurarse el mineral necesario para sostener el crecimiento de la producción de autos eléctricos que actualmente supera las 30 millones unidades al año, superando en 20 millones la producción y venta de Los Estados Unidos, Japón y Alemania.
Mientras las imágenes de represión al pueblo boliviano daban la vuelta al mundo, se desconocía el paradero del presidente destituido y asumía la auto proclamada Jeanine Añez, (actualmente detenida) el mismo 12 de Noviembre, Elon Musk anunciaba desde Alemania al recibir el Golden Streering Shell Award por el Model 3, la creación de una mega fábrica de automóviles eléctricos en el estado de Brandeburgo y de un centro de ingeniería y diseño en Berlín, mostrándose junto a Oliver Zips (BMW) y Herbert Diess ( Volkswagen). En la ocasión el fabricante estadounidense confirmó la vuelta a la rentabilidad de Tesla, luego del rojo de dos trimestres consecutivos, y se mostró confiado de cumplir con su promesa de entregar 400.000 autos al año. Casi en simultáneo desde su fábrica ubicada en Shanghai, Tesla presentaba a la prensa China las primeras unidades del Model 3 totalmente producidas en aquel país.
Ese mismo día en Buenos Aires Mauricio Macri se reunía en la Casa Rosada con su ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el canciller Jorge Faurie, el jefe de Gabinete Marcos Peña, el secretario de Asuntos Estratégicos Fulvio Pompeo (primo de Mike) y el titular de la Gendarmería Nacional, Gerardo Otero, y horas mas tarde con el ministro de Defensa Oscar Aguad y el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas. Antes de la medianoche partía hacia La Paz un Hércules C-130 con el cargamento de armas y municiones junto a efectivos de la Gendarmería.
El Gobierno de Macri está siendo investigado en la megacausa de espionaje ilegal que se fue descubriendo tras la detención del agente de la DEA, Marcelo D’Alessio, íntimo colaborador de la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich. La Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso dictaminó que el gobierno de Juntos por el Cambio implantó un plan sistemático de espionaje que usó el poder del Estado en concurso con medios de comunicación hegemónicos y el Poder Judicial para la persecución de opositores políticos. El pasado 9 de Agosto el presidente de la Corte Suprema, Carlos Ronsenkrantz, abogado por mas de 20 años del Grupo Clarín y del diario La Nación, fue citado para explicar las 59 llamadas que realizó al operador judicial y apoderado de Macri, Fabián Rodriguez Simón, prófugo de la justicia.
Por medio del lawfare o guerra jurídica, los ataques a opositores se concretaban a través de una sentencia anticipada construída mediática y judicialmente. Se creó una estructura estatal paralela y clandestina organizada en “células” que reportaban a la conducción de la AFI. Hubo aproximadamente 171 organizaciones políticas, sociales y gremiales espiadas ilegalmente; al menos 354 víctimas directas confirmadas; 43 intervenciones de los servicios de inteligencia en causas penales en los primeros 12 meses de gobierno, a los que se sumaron 403 periodistas, 28 académicos, 58 empresarios.
El Estado Argentino entre 2015 y 2019 firmó acuerdos con el complejo armamentístico y de ciberseguridad israelí. Macri viajó a Israel en 2006 cuando era diputado; en 2014 con quien sería su ministra de Seguridad Patricia Bullrich y en 2017 recibió al primer ministro Netanyahu junto a un grupo de empresarios ligados entre otros negocios a la ciberinteligencia, entre los que estaban los representantes de NSO Group. El software Pegasus fue utilizado en la Conferencia Ministerial de la OMC y luego en la Cumbre del G-20, celebradas en Buenos Aires en 2018. La denuncia de espionaje masivo realizado por Forbiden Stories y el Security Lab de Amnistía Internacional continúa la saga de Cambridge Analytica. Zukerberg declaró que Facebook no había intervenido en el espionaje pero en 2019 WhatsApp denunció a NSO Group por intervenir 1400 teléfonos en veinte países, entre los que se encontraba Argentina.
El sistema de espionaje montado por el macrismo involucra al propio Macri, a la Jefatura de Gabinete de ministros, a los funcionarios de altos rangos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), la Unidad de Información Financiera (UIF), la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a los Ministros de las carteras de Justicia, Defensa, Seguridad y Relaciones Exteriores, a Jueces y Fiscales del Poder Judicial, al Servicio Penitenciario Federal (SPF), Administración de Aduana, Migraciones así como los Centros de Monitoreo y Vigilancia de todo el país. El accionar de inteligencia se desplegó en todo el territorio argentino y alcanzó también a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan hundido y desaparecido en las profundidades del Atlántico Sur en Noviembre de 2017, causa en la que además, Macri se encuentra imputado por ocultamiento de información junto a su ex ministro de Defensa.
